La regulación de la ejecución provisional constituyó en su día una de las principales innovaciones de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil. Tal novedoso régimen jurídico tiene como principio inspirador el de la opción del legislador por la tutela del derecho de crédito del ejecutante, al servicio de cuyo fin se diseña un sistema de ejecución provisional en el que el protagonismo recae sobre la no exigencia de prestar caución al presentar la solicitud de ejecución provisional, así como sobre la necesidad de que el juzgado acceda al despacho ex lege, salvo en el caso de que la sentencia sea de las no provisionalmente ejecutables o que no contuviera pronunciamiento de condena. La indicada opción legislativa tiene como contrapunto la previsión de un régimen de oposición a la ejecución provisional que atiende a la dificultad o, en su caso, imposibilidad de restaurar la situación anterior a la ejecución provisional si con posterioridad la sentencia provisionalmente ejecutada fuera revocada, así como la posibilidad de instar por la vía de apremio la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por la ejecución provisional. La presente publicación, partiendo de un estudio doctrinal introductorio, da respuesta a los problemas que plantea la institución de la ejecución provisional desde una perspectiva eminentemente práctica, con análisis de las cuestiones que se han suscitado en la jurisprudencia de nuestros tribunales, la cual se recoge de forma ordenada y sistematizada.
