El desarrollo mismo de la actual sociedad mexicana, sus inherentes contradicciones entre el pleno desarrollo y el atraso de ciertos sectores y regiones, así como los problemas específicos que de ella surgen, encuentran en el modelo teórico de la "sociedad del riesgo" una guía explicativa de algunas de esas manifestaciones. La percepción social del incremento del riesgo en varios ámbitos de la vida humana (ambiental, seguridad pública, alimentos, salud, integridad física, transporte, etcétera) genera una demanda igualmente creciente de seguridad, que en parte se dirige hacia el Derecho fiscal, corno forma de respuesta jurídica eficaz para el desincentivo de ciertas conductas indeseables, pero permitidas por el sistema jurídico. Todo ello se traduce en el ensanchamiento del principio "quien contamina paga" (que tuvo un origen netamente ambiental) y que ahora, desbordando estos límites, tiene un espectro de influencia mucho mayor, por lo que no puede dudarse en enunciarlo ahora corno el principio: "quien crea el riesgo paga", en la dilatación de la intervención fiscal, a la que no han escapado un buen número de figuras tributarias en los últimos años. Esta tendencia a la expansión empieza a generar una viva polémica en la doctrina extranjera, especialmente en materia de Derecho penal, la cual aún no encuentra una respuesta adecuada. Esta, según el profesor Juan Manuel Ortega, viene de la mano del modelo sociológico propuesto por Ulrich Beck. Este libro pretende analizar y evaluar los términos de este modelo para un sistema jurídico como el nuestro, introduciendo la controversia entre quienes defienden las transformaciones alentadas por un modelo de Derecho Fiscal "flexible" adaptado a las nuevas necesidades (en algunos casos introducidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación) y los que, en cambio, se muestran críticos frente a la consolidación de esa corriente y partidarios de la contención y del respeto a categorías y principios caracterizadores de un Derecho fiscal garantista. La tensión entre la inclinación a atender las demandas de tutela y seguridad y el recurso a la tributación de las actividades lícitas pero indeseables por sus perniciosos efectos en la sociedad resulta, sin duda, especialmente dificil de conciliar en la política fiscal que impulsa las tendencias legislativas características de la actual evolución. El autor pretende contribuir a ese debate, sugiriendo esta vía para armonizar la necesaria modernización del ordenamiento fiscal con el respeto a pautas y principios difícilmente prescindibles en un sistema fiscal garantista propio de un Estado de Derecho.
