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La Constitución Política de 1991 introdujo al ordenamiento jurídico colombiano una nueva institución pública, la acción constitucional de tutela, cuya filosofía en el Estado Social de Derecho es lograr la defensa de los derechos fundamentales1 individuales de quienes viven y pasan por nuestro territorio. El propósito de esta acción es que sea no sólo un recurso jurídico, sino un instrumento que ha venido a modificar sensiblemente el comportamiento típicamente legalista en la solución de los conflictos, para buscar por la vía de lo justo, de una jurisprudencia de valores, la respuesta equitativa a la demanda ciudadana de protección de los derechos . Para la adecuada comprensión de esta acción se debe partir de la identificación conceptual de la tutela como un instrumento procesal puesto al servicio de la búsqueda de la efectividad de los derechos subjetivos de la persona humana.
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