En las últimas décadas, el delito se ha instalado como un problema social en la Argentina. En este contexto, la literatura especializada coincide en señalar que la prevención debería constituir un eje central en la problemática de la seguridad, cuestión que debe abordar el Estado. Sin embargo, es poco lo que se sabe sobre lo que el Estado efectivamente hace o ha hecho en materia de prevención social del delito. A partir de un análisis minucioso del Programa Comunidades Vulnerables, una política pública que se propuso hacer prevención del delito a nivel nacional a través de la generación de inclusión social, este libro presenta el estudio de las relaciones sociales que se producen entre los diferentes actores involucrados. Asimismo, se cuestionan las perspectivas que clasifican a priori este tipo de intervenciones como técnicas de control social, mediante el examen de las actividades realizadas y el estudio empírico de sus efectos.
